Albert Agustinoy: "La red es un reflejo de sus usuarios"

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Privacidad, datos, educación y acoso son los temas que nos disponemos a tratar en la siguiente entrevista. Es importante conocer la legalidad en las redes sociales para saber los límites y las repercusiones que existen en un universo que parece abierto. Es por eso que fuimos hasta pleno centro de Barcelona para encontrarnos con Albert Agustinoy, socio del buffet de abogados Cuatrecasas, una firma que cuenta con más de 900 abogados, 27 oficinas con presencia en 12 países y con una de las sedes centrales en la ciudad condal. Hasta ahí llegamos para hablar con Albert, escritor del libro Aspectos legales de redes sociales y abogado experto en Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT). (Imagen elaboración propia Buffet Cuatrecasas)

Video sobre los problemas legales en redes sociales / Producción propia

¿Hay que poner límites legales en internet?

Internet es un reflejo de nuestras relaciones y de nuestro día a día. Por lo tanto, hay que aplicar las mismas normas que aplicamos con la corrección del carácter omnipresente de la red, pero específicamente internet tiene que tener la misma normativa que tiene cualquier otra realidad social.

El 98% de adolescentes entre 10-14 años tienen un teléfono en el que poder buscar todo lo que necesitan. ¿Qué papel juega la privacidad en los menores?

Aquí se da una paradoja. Por un lado tenemos el uso pasivo y, por el otro, el uso activo. Es decir, en la web actual ya no tenemos consumidores, si no prosumidores (productores de contenidos) y, precisamente ese contenido, se basa muchas veces en la publicidad de circunstancias personales. Por lo tanto, la privacidad en los menores tiene que basarse en una correcta educación explicando la visibilidad que van a poder tener tus perfiles de redes sociales y la posibilidad de filtrar o establecer un tipo de configuración que no convierta todos los contenidos en algo disponible para todos los usuarios de internet. Es un equilibrio difícil de conseguir porque tenemos ganas de contar todo lo que hacemos pero no queremos que todo el mundo lo sepa.

Lo que deberíamos exigir como usuarios sería saber que se están captando nuestros datos, qué se va a hacer con esos datos y quién los va a tener

La Ley de protección jurídica del menor garantiza el derecho a la intimidad de los niños y adolescentes con menos de 18 años y el mercado ha sacado recientemente algunas aplicaciones que permiten controlar al menor de manera más efectiva. Siendo así, ¿cuándo puede estar justificado legalmente que un padre invada la intimidad de su hijo, por ejemplo, leyendo algún mensaje que haya recibido?

Es un tema complejo porque hasta que el hijo no tenga una capacidad suficiente para dar su consentimiento el uso de las redes pasará por los padres. En el Reglamento General de Protección de Datos se habla de una edad mínima de 16 años para poder crear un perfil y en la normativa española actual se habla, en cambio, de 14 años. Lo que se debería determinar es si ese acceso al perfil del menor se hace en un régimen de normalidad actuando en función de padre o si, por el contrario, es un acceso no autorizado.

Las redes sociales captan la dirección IP del ordenador, las cookies, el idioma, el tipo de navegador utilizado… ¿hasta qué punto podemos considerar esto peligroso? ¿Qué hay detrás de esta recogida masiva de datos?

Puede ser peligroso o no. A día de hoy, en esta misma habitación en la que nos encontramos tenemos, como mínimo, 5 aparatos tecnológicos que están emitiendo nuestra posición a prestadores de servicios que, probablemente, cobran a través de esos datos. Las redes sociales, en cambio, no cobran por tener un perfil pero sí que es verdad que viven de los datos que generen sus usuarios y esto forma parte de la sociedad en la que estamos. Al final, lo que es importante es que nosotros seamos conscientes de ello. Es decir, que como usuarios se nos avise de una forma transparente de lo que los operadores captan. Por lo tanto, lo que debemos exigir como usuarios seria, en primer lugar, saber que se están captando nuestros datos y, en segundo lugar, saber qué se va a hacer con esos datos y quién los va a tener. Aun así, esto forma parte, al fin y al cabo, de una nueva realidad que no nos tiene que asustar.

A partir del 25 de mayo de 2018 la Unión Europea actualizará las leyes que protegen los datos de los usuarios a través del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué implicaciones tendrá esta modificación?

En principio lo que hace es confirmar las tendencias que existen a día de hoy. Es evidente que los menores constituyen uno de los grupos más relevantes de usuarios de internet y redes, con lo cual se pretende establecer un régimen que garantice la edad a partir de la cual un menor se puede considerar adulto. También, busca indagar en las garantías que se le pueden dar a cualquier usuario, no solo menores, con respecto al uso de sus datos y, sobre todo, de la elaboración de perfiles globales derivados del uso de perfiles privados. Por lo tanto, lo que hace es establecer una arquitectura legal bastante más asentada.

Teniendo esto en cuenta, ¿qué papel juegan los padres en el cumplimiento de dicha norma?

Desde un punto de vista legal, hasta que el menor tenga capacidad de actuación por sí mismo sus padres han de ser los responsables. Pero más allá de esto, la gran cuestión está en la educación. Y, como he dicho, hay muchos padres que tienen las fotos de los menores en aplicaciones como WhatsApp y hay otros que las envían a foros públicos. No es entonces un tema de una solución legal, en el sentido de una multa, sino más bien una cuestión educativa, de que los padres sean conscientes de hasta dónde pueden llegar los contenidos que se generan y se cuelgan en una red social y, consiguientemente, que adopten las medidas que posteriormente podrán exigirles a sus hijos. Hay que ser conscientes que, desde que una fotografía sale de un teléfono móvil, se pierde totalmente el control sobre ella. Hay que buscar, por lo tanto, una solución a medio plazo en la que todos seamos conscientes del contexto en el que nos encontramos.

¿Crees que el uso excesivo de las redes sociales por parte de los adolescentes hará que cada vez se produzcan más casos de ciberacoso?

Cualquier uso excesivo de cualquier cosa, incluso del ajedrez, es pernicioso. Las redes sociales son un reflejo de lo que es nuestro contexto y nuestras relaciones con un elemento adicional que es el anonimato y la inmediatez. Desde el punto de vista legal deberíamos poner el acento en explicar y en hacer conscientes a todos los usuarios, en especial a los adolescentes, de todas las consecuencias que tendrá el uso de estos medios sin llegar a alarmar. Hay que ser transparentes y explicar que una foto la va a ver una cantidad determinada de personas y va a tener este impacto. A día de hoy, hay una escasa voluntad educativa vinculada al uso de estas redes. Los adolescentes quieren tener un perfil que lo vea la mayoría de usuarios posibles y luego esto puede derivar en ciberacoso con más facilidad.

Los adolescentes quieren tener un perfil que lo vea la mayoría de usuarios posibles y luego esto puede derivar en ciberacoso con más facilidad

¿Cuál es el proceso legal por el que pasa un adolescente que ha denunciado sufrir ciberacoso?

Hay dos procedimientos en paralelo. En primer lugar hay el procedimiento de resolución de disputas que establece el propio operador de la red, en este caso Twitter, Facebook, Instagram, etc. Todos tienen políticas específicas que, si encaja la queja dentro de alguna de las categorías que tienen preconfiguradas, es mucho más rápido desactivar ese perfil o eliminar esa entrada específica. En el 95% de los casos es mucho más útil utilizar ese procedimiento específico que no ir por la segunda vía, la judicial. Esta segunda es más vetusta, también es mucho más exigente y garantista, así que en este caso se da de nuevo esa doble paradoja de tener un entorno de resolución de disputas específicamente creado por estos operadores, que muchas veces debería ser suficiente para resolver este tipo de disputas. Aunque también, dada la sobrecarga de trabajo de la policía y la justicia y la escasez de medios, no es posible saber dónde terminan algunas denuncias.

Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela revela que un tercio de los adolescentes perciben en sus redes sociales insultos y control. ¿Cómo se puede prevenir esto y qué consecuencias legales puede tener el hecho de insultar por Internet para un menor?

Si un adolescente se conecta con gente que no conoce, difícilmente se puede controlar el comportamiento de la otra persona. En ese contexto, cuando se detecta un insulto, precisamente estas políticas que acabo de mencionar lo que pueden hacer es desactivar ese perfil o como mínimo aislarlo. La otra opción es cortar la conexión con ese perfil de tal manera que la persona no pueda seguir insultando. Hay que configurar bien el perfil para que solo lo vean personas de confianza. Esto puede convertirse en una medida muy sencilla pero a la vez muy útil.

A nivel legal, si un menor lleva a cabo insultos, se realiza un procedimiento de injurias que podría terminar en una condena penal, pero es poco habitual. Ha habido casos, pero si tenemos en cuenta el número de sentencias que hay y lo comparamos con los millones de comunicaciones diarias en las redes sociales, son muy pocos.

En un juicio y con la cantidad de posibilidades que hay hoy en día para manipular la información tecnológica, ¿cómo se tiene en cuenta este factor a la hora de supervisar las pruebas en un caso de ciberacoso, por ejemplo?

La electrónica se ha ido convirtiendo en el día a día de los tribunales. Hace 15 años nadie aportaba pruebas electrónicas, ahora se hace mucho. Efectivamente, existen muchos programas libres o de pago que te permiten manipular la información. Normalmente, lo que se hace es un informe de un perito informático que va a la cuenta de una persona y extrae la información técnica que acredite la veracidad de esa comunicación. Esto es algo farragoso y conduce a que, como usuario, se quiera una solución mucho más rápida e inmediata como, por ejemplo, la resolución a través de las políticas de los operadores.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) sensibiliza a los jóvenes sobre el peligro del mal uso de las redes sociales y las consecuencias jurídicas con la actividad “Justicia y Jóvenes”. ¿Crees que este tipo de iniciativas son efectivas?

Todo ayuda, daño no hace, todo lo que son programas de consciencia me parece bien. Yo huiría de los enfoques tremendistas, como por ejemplo, el decir “no se te ocurra utilizar las redes sociales porque hay muchos pedófilos sueltos”. Cada adolescente debe saber qué tipo de perfil quiere tener, qué uso le quiere dar y asumir que, dependiendo de cómo responda estas preguntas, tendrá un tipo de contacto u otro. Si se toma la decisión de usar las redes para tener mayor número de seguidores hay que ser conscientes de que al tener contacto con personas que no conoces se puede llegar a una situación desagradable.

Los fenómenos adolescentes como "la Ballena Azul” ¿pueden hacer que se replantee el sistema judicial español en cuanto a la protección de los menores?

Esto introduce un tema muy interesante, quizá no tanto en la justicia si no en el propio operador de la página web. Si Facebook ha sido el vehículo que ha permitido que se hicieran juegos como estos, ¿es responsable Facebook? A día de hoy, lo hubiera sido si hubiera tenido un conocimiento efectivo de ese juego. En el proceso de re-educación que estamos viviendo, lo que sí que es cierto es que vamos de ese proceso de responsabilidad jurídica hacia señalar, cada vez más, al operador de red como el garante de que no haya esos contenidos nocivos y es difícil establecer esos sistemas en abstracto. Estamos yendo a un sistema en el que, de forma creciente, al operador se le va a exigir más diligencia y más responsabilidad por los contenidos. En este caso, una vez detectado, Facebook y los grandes operadores están más pendientes de ellos. Pero es una actuación reactiva, lo de la Ballena Azul no era hasta la última pregunta donde se desencadenaba un final fatal. Se pone más acento en el control del operador más que en el hecho de que tenga que estar la policía o la Fiscalía porque no tienen medios para estar controlando de forma permanente. En la política legislativa, cada vez se traslada más la carga de asegurar un clima seguro a los operadores de redes.

En un futuro, ¿crees que se podrá hablar de una red suficientemente segura para los adolescentes?

La red será un reflejo de sus usuarios, hablamos de usuarios humanos que utilizan las características de Internet para adoptar una identidad distinta. En primer lugar, las redes sociales son una herramienta que se quedará, no vamos a prohibirlas, lo que vamos a hacer es asegurar que su uso no genere daños. Lo que veremos también, de forma creciente, será el establecimiento de auto tutela a través del operador de la red a través de los derechos, que haya un mecanismo rápido de reacción cuando alguien entre de manera no autorizada a un perfil. Es una realidad que no va a desaparecer y desde el ámbito del derecho hay que aportar mecanismos para acabar con actuaciones ilegales. Lo que no hay que hacer es generar contextos que sean proclives a dar este tipo de situaciones y esto se consigue, nuevamente, con la educación.

Para Albert Agustinoy, la educación es la base fundamental para que los adolescentes hagan un buen uso de las redes sociales. Estas plataformas no van a desaparecer y desde el ámbito legal se espera que con el nuevo reglamento de la Unión Europea, que entra en vigor el próximo 25 de mayo, se garanticen los principios básicos que se deben seguir en las redes sociales para no caer en un mal uso e intentar reducir la tasa de adicción a la red en los adolescentes, que se encuentra en un 21,3% actualmente.

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